Ayuntamiento entrega inmuebles comprado por 68 millones para sede UASD en San Pedro de Macorís.
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Refiere episodios desconocidos sobre el papel protagónico desempeñado por el doctor José Hazim Azar, fundador de la Universidad Central del Este (UCE), para que la UASD abriera su primera extensión en 1966. Cita párrafos de cartas intercambiada entre el doctor Hazim Azar y el entonces rector de la UASD ingeniero Aybar Nicolás. (Foto don José Hazim Azar)Luego de recibir los antiguos pabellones comprado por el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís para ser utilizado como local de la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el rector de esa alta casa de estudio, licenciado Mateo Aquino Febrillet, impartió una conferencia magistral en el salón Blanca Díaz Ordoñez de la entidad edilicia, con el título « Importancia de la Educación Superior para el Desarrollo del País y el Papel de la Sociedad Civil para su sustento».
En la misma el consagrado académico enumeró trabas y prejuicios elitistas que contribuyen a despreciar la importancia de la Educación Superior para que ésta solo llegue a sectores exclusivos y perjuicio de la población de menos ingresos y escasas posibilidades económicas y sociales.
Abogó por el respeto a leyes y normas fundamentales al tiempo de destacar como la Educación Superior es un vehículo de emancipación personal.
A continuación presentamos a los miles de lectores de EL COLOSO DE MACORIS.COM la magistral conferencia del maestro Mateo Aquino Febrillet.
Escrito por: Mateo Aquino Febrillet, Rector de la UASD.
Señoras y señores:
Como preámbulo del tema, voy a presentar algunos conceptos esenciales: El crecimiento económico y el desarrollo.
Los economistas establecen claras diferencias entre ambos conceptos.
El crecimiento se mide por variables macroeconómicas que se enfocan en informaciones generales sobre la economía de un país. Evalúan en forma global el desempeño económico. Esto es, por ejemplo, el producto interno bruto, para referirse a toda la producción de una nación; o el ingreso percápita, para referirse al ingreso que correspondería a cada persona que resulta de dividir todo el ingreso nacional entre el total de ciudadanos.
Trigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina, (CEPAL), en el que ese organismo multilateral regional presentó el documento “Cambio Estructural para la Igualdad, Una Visión Integrada del Desarrollo”, en el que profundiza y amplía los planteos formulados en otroo documento titulado como “La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir”, presentado en su trigésimo tercer período de sesiones celebrado en 2010.
La Comisión Económica para América Latina, (CEPAL) en su Trigésimo cuarto período de sesiones realizado en 2012 en El Salvador, presentó el documento “Cambio Estructural para la Igualdad, Una Visión Integrada del Desarrollo” en el que ofrece el análisis más reciente de la situación económica y social de América Latina y El Caribe en el cual reconoce que el crecimiento económico es una de las variables que distinguen la Región de las demás regiones del mundo al exhibir una tasa promedio de 3.8 en la última década, superando el promedio mundial que fue solo de 3 y de otras regiones como Norteamérica, que fue de 2.1, así como los de Europa y Asia Central que fue de 2 en el mismo período.
Pero también reconoce que la Región “se destaca en la comparación internacional por sus elevados y persistentes niveles de desigualdad”.
El desarrollo, por su parte, se refiere al modo como impacta el crecimiento en cada individuo en particular; esto es, la medida de bienestar que alcanza el ciudadano como resultado del crecimiento. Se expresa en el nivel de equidad económica y social y las posibilidades de acceso al bienestar. Entra en juego el concepto de Desarrollo Humano, el que define Ceara Hatton como “la ampliación de las libertades reales que tienen las personas para elegir lo que valoran en la vida”.
Para alcanzar el desarrollo, la CEPAL en el informe referido plantea como desafío económico principal, el “cambio estructural”, que debe tener como fuerza motriz la innovación basada en nuevas tecnologías y la generación de conocimiento, el cual “se caracteriza por un aumento del peso en la producción y el comercio de los sectores o actividades más intensivos en conocimiento”, y porque “debe conducir a una inserción en mercados mundiales de rápido crecimiento, para fortalecer la demanda agregada y expandir la producción y la generación de empleo, con los consiguientes efectos favorables sobre la distribución del ingreso”.
Otro concepto del desarrollo lo encontramos en el Desarrollo Sostenible o sustentable, el cual aparece como respuesta al impacto de las acciones humanas sobre la naturaleza afectando la biodiversidad y poniendo en condición de vulnerabilidad los sistemas naturales. El término se aplica al desarrollo socioeconómico, y apareció como resultado de los trabajos de la Comisión Mundial de Medioambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, asumida en la Declaración de Rio de 1992.
En la Republica Dominicana, ya existe una ley en la cual se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que asume la visión de alcanzar “un país próspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz, con igualdad de oportunidades, en un marco de democracia participativa, ciudadanía responsable, inserción competitiva en la economía global, y que aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora y sostenible”.
Esta concepción del desarrollo es coherente con lo que dispone la Constitución Dominicana de 2010, en su artículo 63 acápite 9: “El Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible…”
Dicha estrategia parte de la premisa de un cambio de modelo de desarrollo.
La ley establece como preámbulo, que en el MODELO DE DESARROLLO ACTUAL, “las políticas de desarrollo productivo durante las últimas décadas han sido en cierta forma exitosas, en tanto han permitido un proceso de crecimiento relativamente vigoroso, pero han estado sujetas a varias limitaciones. En particular, en el modelo económico vigente en los últimos 20 años han predominado las exportaciones de bajo valor agregado, basadas en la producción de bienes y servicios a partir de mano de obra barata. El modelo ha inducido un limitado aumento de la productividad y ha puesto poco énfasis en la innovación tecnológica”.
“Una baja inversión en la formación de capital humano, al igual que en la expansión de la cobertura educativa al costo de reducciones en la calidad del servicio, han limitado la atracción de inversiones hacia actividades de mayor tecnología que permitan una inserción al comercio global en condiciones más ventajosas”, se afirma en el proyecto.
Se propone un cambio hacia un nuevo MODELO DE DESARROLLO cuyos rasgos esenciales son los siguientes:
Se plantea el “desarrollo humano de la población como su objetivo esencial”.
“Se toma como verdad evidente que la búsqueda de eficiencia y productividad, el fortalecimiento de las instituciones y el perfeccionamiento de la gestión pública son instrumentos al servicio del bienestar humano, y que este consiste en la satisfacción de necesidades en un marco de libertad, equidad y solidaridad”.
“Se parte del reconocimiento de que es el mercado el mecanismo idóneo para incentivar la productividad y el esfuerzo individual, pero que por sí solo no puede generar un proceso de crecimiento socialmente sostenible”.
“Se reconoce el papel del Estado en “garantizar el fomento de la capacidad exportadora y la expansión del mercado interno como base para un crecimiento sostenible en condiciones de estabilidad”.
Propone que “el aumento de la capacidad exportadora, deberá estar sustentado en un incremento de la capacidad de producción de bienes y servicios de mayor valor agregado, basados crecientemente en el uso de mano de obra calificada, tecnología e innovación”.
Sostiene que “sin la expansión generalizada del capital humano, el desarrollo tecnológico limita las posibilidades de una gran parte de la población, y conduce en última instancia la concentración del ingreso”.
Enfatiza que “la nueva estrategia de desarrollo deberá partir del aprovechamiento de los recursos materiales y humanos de los cuales el país dispone, a la vez que, mediante políticas educativas, procurara ir adecuando la dotación de recursos humanos a las necesidades de un sistema de producción con mayor predominio de tecnología”.
En el modelo señalado de desarrollo sostenible en la República Dominicana, se propone que las políticas públicas se articularán en torno a cuatro Ejes Estratégicos, con sus correspondientes Objetivos y Líneas de Acción, los cuales pasamos a identificar a continuación: a) instituciones eficientes y transparentes; b) una sociedad cohesionada con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad; c) una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible; y d) el manejo sostenible del medio ambiente y adecuada adaptación al cambio climático.
Como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se consideran como pronósticos los siguientes aspectos en los ámbitos tecnológico y económico:
En el ámbito tecnológico, se proyecta cambios cuyas implicaciones solo podrían ser comparables a otras cuatro “revoluciones”: la revolución industrial de finales del siglo VXIII; la revolución del vapor y los ferrocarriles, ocurrida en la primera mitad del siglo XIX; la introducción de la electricidad y la ingeniería pesada, a fines del siglo XIX; y la introducción del automóvil, la industria petrolera, y la producción masiva en la primera mitad del siglo XX).
Se espera que los futuros cambios tecnológicos se verificarán en cuatro grandes direcciones, a saber: a) desarrollo de la biotecnología; b) avances en nanotecnología; c) producción de bienes a partir de nuevos materiales; d) difusión de las Tecnologías de Información y Comunicación.
En el ambiente económico, se prevé que Estados Unidos continúe como país dominante, pero presionado por economías emergentes como la de China; además, que habrá tendencia a transitar de la bipolaridad hacia un mundo económico tripolar.
Para alcanzar las metas propuestas en los escenarios descritos, el quehacer de la educación superior deberá estar vinculado a los referidos ejes, en particular, al de alcanzar una sociedad cohesionada con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad, para cuyo logro se propone como metas esenciales, alcanzar una educación de calidad para todos y mejorar indicadores cuantitativos como son:
Superar el porcentaje de personas bajo la línea de indigencia nacional de 11% en 2008 a menos de 2% en 2030.
Mejorar la cobertura neta de educación secundaria de 53% en 2008 a 100% en 2030.
Incrementar el gasto público en educación como % PIB de 2.4% en 2007 a 7 % 2030 en educación media, básica e inicial y a 1% en educación superior.
Este importante rol es reconocido en el Informe sobre Desarrollo Humano que hemos citado, cuando en él se afirma que “la educación superior tiene un papel clave en el desarrollo y expansión de las capacidades, particularmente a través de la formación del capital humano, profesional, técnico, de la producción y en la transferencia de conocimiento necesario para la innovación y el incremento de la productividad en todos los ámbitos de la sociedad y la economía”.
La Universidad, afirma Diaz-Canel, es el espacio adecuado para la construcción de una ciudadanía comprometida con el desarrollo al que aspira la sociedad mundial en la actualidad. Un desarrollo que integre el bienestar de las personas con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Sin embargo, la educación superior en nuestro país arrastra debilidades que le dificultan ejercer su papel para potenciar el imprescindible apoyo que debe ofrecer al desarrollo que conduzca hacia su de “inserción competitiva en la economía global, y aprovechar sus recursos para desarrollarse de forma innovadora y sostenible” como se plantea en la visión-país propuesta.
Varios estudios reconocen la debilidad que experimenta la Republica Dominicana en materia de educación superior.
El diagnóstico de la Estrategia Nacional de Desarrollo reconoce que “el mayor problema del sector educativo radica en la eficiencia, calidad, y equidad. En materia de eficiencia, el sistema educativo dominicano todavía presenta una tasa de repitencia relativamente elevada. Al llegar a los 18 anos, el joven típico dominicano que haya estado en la escuela por alrededor de 12 años, solo habrá alcanzado alrededor de 9 anos de escolaridad.
Las políticas actuales y futuras tendrán que concentrarse en un conjunto de áreas criticas: ampliar la cobertura, impulsar transformaciones profundas en el currículo, mejorar las condiciones de vida de los docentes y sus niveles de competencia y cumplimiento…Estas líneas de acción solo serán viables si son complementadas con un aumento apreciable en los recursos económicos que el Estado y la Sociedad invierten en la educación “.
En el nivel superior, una tendencia notable en el país ha sido el aumento explosivo de la matriculación universitaria durante las dos últimas décadas. En este caso, las principales restricciones vienen dadas por la falta de orientación tecnológica que predomina en la distribución de las carreras y por la calidad de la oferta disponible en general.
Según estadísticas de la MESCYT, el porcentaje de matriculados en ciencia y tecnología en 2003 fue de 21% y se redujo a 18.3% para 2005. Pero la mayor parte de ese porcentaje se encuentra matriculado en informática en desmedro de las ciencias básicas y las ingenierías”.
Otra debilidad la señala el PNUD cuando afirma que “los principales problemas que afectan a la educación superior están: el bajo nivel académico de las personas que ingresan a las IES, limitados recursos financieros, insuficiente articulación con el sector privado, baja formación pedagógica y científica del profesorado y desequilibrio entre docencia, investigación y extensión, entre otros”,
Sin que sirva como consuelo, lamentablemente esta es una realidad común en los países de bajo desarrollo como los de Latinoamérica.
Sobre este particular, Moreno-Brid y Ruiz-Nápoles sostienen “fortalecer en América Latina las instituciones de educación superior e investigación, especialmente las públicas, es un factor clave para aumentar la competitividad internacional de su estructura productiva y acceder a un nivel de alta expansión económica de largo plazo”.
Consideran que es necesario ”dedicar más recursos para expandir y mejorar tres elementos clave de los sistemas de innovación de la región: 1) la infraestructura científica; 2) la oferta de personal de investigación altamente calificado, y 3) una estrecha y funcional vinculación entre los centros de investigación y las empresas productivas”.
La conexión entre el conocimiento y el desarrollo, lo modelan Moreno-Brid y Ruiz-Nápoles en un esquema que inicia con la inversión que se realiza en la investigación, de la cual se deriva el descubrimiento científico. Este, a su vez, es difundido y registrado cono propiedad intelectual mediante patentes. Las patentes, por su parte son trasferidas mediante negociaciones de ventas o licenciamientos para aplicación en procesos empresariales que generen o mejoren productos o servicios, los que finalmente redundan en incremento de la riqueza individual y colectiva de los países por medio de más y mejores empleos y más y mejores ingresos.
Para alcanzar el desarrollo, pues, se requiere contar con talento humano de elevada calificación y el avance tecnológico, lo cual a su vez se logra por medio de un sistema de educación superior pertinente, relevante, eficiente, eficaz y equitativo.
Pero alcanzar el desarrollo no es suficiente. Es necesario que ese desarrollo, como se planteó al principio, sea sostenible para que garantice su permanencia en el tiempo. Alcanzarlo requiere no solo formar profesionales con la conciencia necesaria y desarrollar investigaciones orientadas a lograr modos de producción amigables con el entorno. También es importante una educación para la paz, porque los conflictos bélicos son también un modo de destrucción del ambiente en el que vivimos.
En la Republica Dominicana la educación superior esta consagrada y protegida a nivel constitucional como un derecho fundamental. Al respecto, nuestra ley sustantiva de 2010 establece en su Artículo 63 que:
“3)El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio…
4)El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando…
7)El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los centros y universidades públicas, de conformidad con lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra;
10)La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas;”.
La Ley de Educación Superior Ciencia y Tecnología, establece en su artículo 91 que “La inversión pública a ser ejecutada en el primer año de entrada en vigencia la presente ley no deberá ser inferior al cinco por ciento(5%) del Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos asignado en la ley 5778, del 31 de diciembre de 1961, que declara la autonomía a la Universidad de Santo Domingo y que serán destinados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y universidades públicas.”
La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Estado Dominicano, como lo establece su Estatuto Orgánico, es “una institución pública y descentralizada del Estado, con autonomía garantizada por la Constitución de la República, dotada de plena personería jurídica de acuerdo con la Ley 5778, promulgada por el Poder Ejecutivo el 31 de diciembre de 1961, y ratificada mediante la Ley 139-01 del 13 de agosto de 2001, que se sustenta en un modelo de Universidad Nacional”. Es un patrimonio social público de alto interés estratégico que forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior Estatal, integrada por la Sede Central, Recintos, Centros y Subcentros Universitarios, esparcidos en la geografía del país y en el exterior, con centralización normativa y descentralización operativa e interdependientes, que se gestiona bajo el régimen de autonomía con responsabilidad”.
Parte sustancial de su misión, es “formar críticamente investigadores, profesionales y técnicos en las ciencias, las humanidades y las artes, necesarios y eficientes para coadyuvar a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional sostenible”.
Fiel a ese mandato y consciente de su compromiso de contribuir al desarrollo de nuestro país, la UASD a partir de su modelo de universidad autónoma, pública, democrática, popular, crítica, abierta y solidaria, asumió desde 1966 el compromiso de extender la educación superior de la metrópolis al resto del país.
Fue precisamente en esta provincia, San Pedro de Macorís, la Sultana del Este, la “tacita de oro”, la de “los bellos atardeceres” y como también se le conoce, “la ciudad de los poetas” en referencia a nombres y hombres como Don Pedro Mir, nuestro poeta nacional, Federico Bermúdez, Rene del Risco Bermúdez, Freddy Gatón Arce, Víctor Villegas y otros prestantes ciudadanos como Freddy Prestol Castillo, Ángel Haché, Francisco Casanova, Luis Martínez Richiez incluyendo personalidades destacadas cono el ExRector de la UASD, el Dr. Julio Ravelo Astacio donde la UASD inició a partir de 1966 a impartir docencia fuera de Santo Domingo.
Respondiendo a una comunicación fechada 21 de noviembre de 1966 suscrita por un conjunto de personalidades encabezadas por el señor José Hazin, y constituidos en Comité Gestor Regional del Este, en la que solicitaban la “creación de un Colegio Universitario del Este como dependencia educacional de esa Institución”, el Consejo Universitario emitió la resolución No.66-636 el 14 de diciembre de ese año que textualmente expresa: “Aprobar la creación de sendos Colegios Regionales para la Región Este y Sur del país, por considerarlos de alto interés universitario y nacional”.
Considero prudente presentarles un fragmento de una comunicación del sr. Hazin de fecha 11 de agosto de 1969 dirigida al Sr. Rector de la UASD en la que expresa en su idea de instalar la universidad en San Pedro de Macorís “que sirviera para recibir gratuitamente a todos los estudiantes del Este, proporcionándoles inclusive, transporte y manutención gratis, cuando expresa que “unos la calificaron de descabellada y otros de locura”.
En la misma comunicación señala que “no podemos olvidar, que fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) quienes nos llamaron y nos abrieron sus puertas. Se hicieron eco de nuestras ambiciones y pretensiones. Nos alentaron y nos ofrecieron realizar el proyecto para que funcionara normalmente”.
Posteriormente, la Comisión para el Desarrollo y Reforma Universitarios recomendó al Consejo Universitario la “urgente necesidad de que cuanto antes empiece a funcionar el Centro Universitario Regional del Este (CURE) en la ciudad de San Pedro de Macorís”, en base a lo cual ese superior organismo aprobó la resolución No.71-246-bis de fecha 15 de diciembre que dispone “Aprobar la creación del Centro Universitario regional del Este”.
Situaciones posteriores que no vamos a analizar en este momento, impidieron el normal funcionamiento del Centro en esta provincia y fue trasladado a la ciudad de Higüey, provincia la Altagracia donde funciona en la actualidad.
Lo que he expresado indica que el compromiso de la UASD con San Pedro de Macorís no es nuevo. Puedo decir que es el Centro Más antiguo de la UASD a partir del nuevo modelo universitario que surgió con el Movimiento Renovador Universitario. Pero la estrechez económica ha limitado y limita el cumplimiento de ese compromiso.
Como muestra, cito aquí un fragmento de la comunicación de respuesta del Ing. Andrés María Aybar Nicolás al Sr. Hazin, de fecha 19 de agosto de 1969: “Respondiendo a su nuevo espíritu estatutario, la Universidad Autónoma de Santo Domingo no discrimina a ningún sector de nuestro pueblo, y aspira a servirle en la medida en que sus posibilidades se lo permitan. Lamentablemente la escasez de recursos nos frenan y nos impiden proyectarnos hacia el pueblo con la amplitud que deseamos”.
¿COMO PUEDE LA SOCIEDAD CONTRIBUIR A SOSTENER LA EDUCACIÓN SUPERIOR DOMINICANA?
La sociedad financia la educación superior a través de tres vías: el Estado, las familias y las empresas. En el caso dominicano, la Constitución establece que el Estado debe garantizar una educación gratuita, pero esto no se cumple en el nivel superior; las familias en su inmensa mayoría, no tienen las condiciones par aportar los recursos necesarios y en las empresas no hay cultura de aportar para la educación.
De acuerdo a la ley que regula la educación superior en Republica Dominicana en su artículo 5, la Educación Superior “es fundamental para el desarrollo de la sociedad, en tanto que de ella depende su capacidad de innovación y promueve la producción, apropiación y aplicación del conocimiento para el desarrollo humano sostenible…” y la considera como “derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Atribuye la ley a la educación superior, “contribuir a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible”.
La ley reconoce como parte del sistema a aquellas “instituciones que propicien la vinculación de las instituciones de la educación superior, la ciencia y de la tecnología con el resto de la sociedad”.
Para ello, establece en el artículo 89 que “la educación superior debe estar adecuadamente financiada por la sociedad, a fin de garantizar su cobertura, pertinencia y calidad y permitir el acceso y permanencia a la misma a todos aquellos que califiquen sobre la base de sus méritos, capacidades y esfuerzos”.
Establece en el artículo 90 el principio de la participación del Estado y del sector privado en el financiamiento de la educación superior la ciencia y la tecnología.
Como motivación para la participación de la Sociedad Civil en el sostenimiento de la Educación Superior, la ley favorece a las empresas y personas con incentivos fiscales.
Con este fin, se incluyó el artículo 101 que dispone lo siguiente: “Toda persona física o jurídica que realice una donación o contribución de carácter no reembolsable o de recuperación contingente a una entidad educativa o de investigación legalmente reconocida, a ser utilizada para los fines exclusivos de la educación superior, la ciencia y la tecnología, tendrá la opción de descontar, en adición a lo establecido en el literal i) del Artículo 287 del Código Tributario, (Ley 11-92, del 16 de mayo de 1992), hasta el cien por ciento (100%) de la donación, siempre que no exceda el límite de un diez por ciento (10%) de la renta neta imponible del ejercicio.
De modo pues, que hay una vía legal que permite a la sociedad civil contribuir al sostenimiento de la educación superior, con cuyos aportes está contribuyendo al desarrollo del País.
En el caso de la UASD, hemos creado un canal por el que pueden aportar recursos para contribuir a su sostenimiento: el REGISTRO DE DONANTES Y EL PROGRAMA DE APADRINAMIENTOS de proyectos específicos bajo el lema “UNIENDO CORAZONES POR LA UASD”.
Es necesario que unas tu corazón al de la UASD, para que juntos alcancemos en San Pedro de Macorís el anhelo visionario de Don José Hazin cuando expresó: “Así, como se cultiva un árbol para que de sus frutos y sostenga al hombre, se cultivan las flores que embellecen el ambiente, se cultiva el afecto, el amor y la amistad, para el mutuo entendimiento entre los seres humanos y como consecuencia se hace necesario cultivar la educación, la razón y el intelecto, de manera que junto al necesario desarrollo económico se desenvuelva, quizás más rápidamente, el desarrollo técnico del cual carecemos fundamentalmente”.
Gracias.
San Pedro de Macorís,
19 de octubre de 2012.
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