Enviado por: Ronny Mateo
En la foto, Servio Tulio Castaños Guzmán
La criminalidad se ha incrementado en más de un 6% en los últimos cuatro años (gobierno del PLD) en el país, debido a la ineficiencia del gobierno para controlar el porte y tenencia de armas de fuego, así lo revela un estudio de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de FINJUS, dijo que el estudio revela también que en el país existe un mito social, relacionado con la creencia de los ciudadanos que pueden salvan su vida de la delincuencia portando un arma de fuego.
Castaños Guzmán indicó que el 60% de los homicidios son cometidos de manera personal y que el 40% por hechos diversos, entre ellos la criminalidad. Y América Latina contempla 42% de los crímenes con armas explosivas.
Recordó que en el año 2006, de 1,926 homicidios registrados en el país, 1,326 se hicieron con armas de fuegos, “pero además vemos como desde el Estado, el control de las armas ha sido ineficiente”.
A juicio del jurista, el incremento de las armas de fuego guarda mucha relación con el tráfico de armamentos por la frontera, lo que demuestra la fragilidad de la línea divisoria dominico-haitiana, sobre todo lo relacionado con la supervisión.
“Pero la dificultad de las armas ilegales es un problema de Estado. Y el Estado debe garantizar que en la República Dominicana no se trafique con armas”, explicó el catedrático.
Estimó que en el país existe alrededor de 300 mil armas de fuego legales y se presume que existen unas 400 mil que son usadas de manera irregular.
Advirtió a las autoridades que de no controlar las armas ilegales y no garantizar la tranquilidad ciudadana, en los próximos años podría haber en el país más instituciones de seguridad privada, que la ofrecida por el Estado.
Manifestó que en el país no existen parámetros ni requisitos en conformidad a las leyes actuales, que cueste más que el pago de impuestos y un examen siquiátrico que no se ajusta al requerimiento necesario para el porte de arma.
Asimismo, entiende que se hace necesaria una reforma a la Constitución que permita una recomposición de las estructuras de los poderes del Estado.
Castaños Guzmán puso como ejemplo, el Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas, que entiende no funcionan, al igual que el Poder Ejecutivo que está lleno de gazapo.
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