El Comité Dominicano de los Derechos Humanos reclamó al Departamento de Justicia puertorriqueño que atienda las reiteradas denuncias sobre abusos policiales que se estarían cometiendo contra la comunidad dominicana en Puerto Rico. "Hace décadas que venimos denunciando este mal y hasta el momento ningún funcionario del gobierno ha hecho algo al respecto", indica en una carta el presidente del Comité, Esteban Reyes, al secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos.
En la misiva se señalan algunos de los últimos casos de brutalidad policial contra dominicanos en Puerto Rico, como el que habría ocurrido el 22 de mayo pasado cuando el joven Joel Félix, de 23 años, perdió el bazo después de que agentes le dieran una paliza sin motivo aparente en San Juan.
Otro dominicano al que le tuvieron que extirpar el bazo fue Fernando González Matos después de que ocho policías lo golpearan fracturándole, además, una pierna el 27 de octubre de 2006 y "hasta el momento este caso no ha sido investigado por ninguna agencia del gobierno relacionada con este asunto".
Reyes pidió la renuncia del superintendente de la Policía, Pedro Toledo, quien "dirige este cuerpo cuando más ataques contra los dominicanos se registran" y que responde a las denuncias de los dominicanos, según el Comité que los representa, diciendo que se trata de "casos aislados".
El responsable de asuntos con la comunidad del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, repasó estas denuncias la semana pasada ante el relator de la ONU especializado en temas de racismo, el senegalés Doudou Diène, que visitó Puerto Rico en misión oficial para investigar supuestas violaciones de derechos humanos.
Ante la sospecha de que un dominicano haya violado alguna ley, "los agentes estatales y municipales actúan con saña, xenofobia y se olvidan de si en verdad violó o no algún reglamento y proceden a planificar su deportación", sostuvo Rodríguez.
El primero de los casos de brutalidad contra dominicanos que nunca se investigó fue el de Rosado Pérez y Bienvenido Núñez, cuyos cuerpos "fueron encontrados en el fondo de la Bahía de San Juan atados con cadenas en los pies y en las manos" el 6 de febrero de 1989.
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